Según el artículo
58 de la Constitución, así como la declaración de DD.HH cualquier ciudadano tiene el derecho de
informar y ser informado, por lo que esta actividad no está restringida
únicamente a los profesionales. Las agresiones de las fuerzas de seguridad a
informadores ciudadanos y profesionales son un delito, un acto ilegal que debe
ser penalizado.
Curiosamente
quienes del lado del gobierno reclaman por libertad de información en su máxima
extensión, también reclaman alarmados cuando el ejercicio ciudadano rompe con la
censura política impuesta e informa sobre los sucesos fuera del monopolio
ideológico e informativo gubernamental.
Es imposible
negar este control informativo, cuando es el gobierno quien maneja a discreción
los fondos públicos para lograr sus propios fines electorales y de propaganda,
habiendo producido un vacío informativo que ha pretendido criminalizar las
denuncias opositoras y persigue sigilosamente a los medios y reporteros
independientes para tratar de desaparecerlos, de manera de lograr un discurso
único, logrado con mucho cinismo y desvergüenza, propios de los regímenes
dictatoriales.
Mucho cambiaría
el talante autocrático del gobierno si, quienes de su lado, cuestionaran
públicamente y con la misma contundencia las actuaciones irracionales de este
en su proceder económico o legal, de la misma forma que sí lo hacen sobre la otra parte de la población,
que se niega al control político, ideológico y militar de su haber social.
Solamente en las
dictaduras se ejerce la censura sobre la información y un avasallante programa
ideologizador que, lamentablemente, ya ha hecho mella en la idiosincrasia del
venezolano. Al intentar ejecutar planes ineficaces de reivindicación
social, sin duda Venezuela vive ahora un retroceso a etapas superadas de
la historia.
La censura silenciosa
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