miércoles, 12 de junio de 2013

El aumento de la velocidad de acceso a Internet en Venezuela

En Venezuela, a pesar de las cifras de crecimiento, que en 10 años lograron una penetración de Internet del 3,38% a 36,37%, se necesita ahora implementar políticas que fortalezcan el acceso internet en el país. La competencia privada ve limitado su crecimiento por las restricciones tanto en el acceso a divisas como por permisos regionales burocráticos.

La velocidad promedio de conexión nacional (de bajada) está por el orden de 1,9 Mbps, según el netindex.com/download/allcountries, colocando a Venezuela en el penúltimo lugar de la región Suramericana y del Caribe, solo por delante de Bolivia (en el último lugar) y superada por Haití.

A pesar de que aproximadamente 25 empresas prestan el servicio de Internet, la empresa CANTV, tiene cerca del 90 por ciento del mercado, lo que puede ser considerado un verdadero monopolio. Por retrasos en la adecuación de las velocidades de acceso a Internet fijo, el Internet móvil, que ya ronda la mitad del mercado, tiene velocidades de acceso unas 3 veces superiores.

En diciembre del año 2010 se realizó la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La explotación de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones dejaron de ser de interés general y pasaron a ser considerados de interés público, es decir, susceptibles de ser monopolizados por el gobierno.

Según el Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA), como promedio en la región, para marzo del 2011, el valor del servicio de banda ancha fija fue de US$ 72,8 el megabit por segundo (mbps), en contraposición a los US$ 5,9 dólares por mbps contabilizados en los países de la OCDE. Se trata de una diferencia de 12 veces. En Venezuela el costo mensual de una conexión de banda ancha fija, en CANTV, de 1.536 Kbps de bajada y 512 Kbps de subida, es de BsF.170, unos  US$ 27 mensuales, lo que representa un 7% del salario mínimo y una razón de US$ 17,57 por Mbps en velocidad.

Pero para que la conexión fija a Internet sea considerada de Banda Ancha (real), su velocidad de transferencia de bajada debe ser igual o por encima de los 4 Mbps. El escalón superior se denomina Alta Banda Ancha, que tiene una velocidad de bajada igual o superior a 10 Mbps.

Así que para  obtener una real (y mínima) banda ancha con velocidad de bajada de 4.096 Kbps y subida de 768 kbps, se debe pagar a CANTV BsF. 499,00, unos US$ 79,20  lo que significaría un 20% del salario mínimo.

En mayo del año 2000, el Ejecutivo Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgó el Decreto 825, considerando que "la red mundial denominada Internet, representa en la actualidad y en los años por venir, un medio para la interrelación con el resto de los países y una herramienta invalorable para el acceso y difusión de ideas" y considerando "el impacto positivo que tienen las tecnologías de información, incluyendo el uso de Internet, en el progreso social y económico del país, en la generación de conocimientos, en el incremento de la eficiencia empresarial, en la calidad de los servicios públicos y en la transparencia de los procesos"; el cual declara en su Artículo 1: "el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela"

En junio del año 2011, el Consejo de DDHH de la ONU declaró el acceso libre a Internet como un derecho humano inalienable. Su uso, afirmó Frank La Rue, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libre opinión y expresión, debe ser una prioridad para los Estados, pues éste no sólo permite a los individuos ejercer su derecho a la libre opinión y expresión, sino también a otros derechos humanos.

Así que, para el bien de toda la sociedad, es necesario mejorar la calidad del acceso a Internet, tanto en cobertura nacional como en un incremento realmente significativo en la velocidad de acceso.

lunes, 10 de junio de 2013

Sobre el aumento de las tarifas eléctricas en Venezuela.



Este gobierno, y la población que le sigue, mantienen la mala costumbre de creer que lo que lleva años deteriorándose por falta de inversión, mantenimiento y planificación, se puede arreglar en cuestión de semanas. Es la consecuencia de la ilusión política que vive Venezuela, del realismo mágico de creer que sin pagar por los servicios y por la energía, éstos van a llegar libremente, dando por entendido que el petróleo todo lo puede. Un ejemplo de esto es la lamentable situación del sistema eléctrico.
 
Para comenzar a entender la magnitud del problema, se consiguen algunas cifras. En primer lugar, es el Estado venezolano, y no el gobierno, el que subsidia la facturación eléctrica familiar en un 78%. El costo real es Bs.F. 153 y las familias pagan Bs.F.33 mensuales (año 2012). Por esa razón, los hogares con un consumo de hasta 400 kWh/mes, solo cancelan cerca del 20% del costo real de la energía que consumen.

Estos precios han estado congelados desde el año 2002. Por lo que en este momento no se puede hablar de un aumento en la tarifa eléctrica. Es, simplemente, el ajuste racional del importe al costo real, de un servicio que ha sido subsidiado, como muchos otros, con fines políticos-electorales y no con fines de crecimiento y productividad.
Básicamente, una de las razones del subdesarrollo del país ha sido esta administración irresponsable del excedente petrolero, canalizándolo a estos gastos improductivos, a subsidios políticos que generan una población rentista en lo económico e ideológico y que después pretenden legitimar como “socialismo” con la metralla de la propaganda politiquera. 

Debe haber una relación transparente entre los costos y los precios de la energía, lo que significa que, por una parte, el consumidor pague lo que cuesta el producto y que por otra, los costos del servicio sean razonables en el sistema económico nacional. Se puede corroborar con cualquier estudio, e incluso con el uso del sentido común, que el subsidio indiscriminado a la energía beneficia mucho más al que más capacidad económica tiene. Entonces ¿ha valido la pena tanto derroche de dinero para ganar elecciones de manera pírrica, con visos de victorias fraudulentas? 

Siguiendo con las cifras; en el  año 2012, la capacidad instalada de generación eléctrica era de 26.550 MW y, de estos, solo disponibles unos 18.951 MW (el 71,37%). Así, Venezuela se ubica en el segundo lugar entre los países de América Latina con mayor capacidad instalada (por habitante) en generación de kWh, con un índice de 0,86; superada por Chile con 0,97. Para activar el necesario 28,63% restante de la capacidad, se requiere inversión, dinero, que el socialismo subsidiado no entiende que debe salir de la misma gestión de la empresa eléctrica y no del petróleo o de más endeudamiento.

El país además se encuentra en el lugar 33, de 211 países, en cuanto a consumo bruto de electricidad. ¿Se traduce esto en mayor productividad o es simplemente consumismo energético? ¿Acaso con los subsidios Venezuela logra  estar en el número 33 en productividad o competitividad a nivel mundial?

La irracionalidad en este gasto improductivo ha sido otra de las razones del subdesarrollo del país, por la administración irresponsable del excedente de divisas que no se han destinado a ampliar la matriz productiva de alto valor agregado.

Un ejemplo de la caída en esta productividad nacional son las otroras empresas de orgullo venezolano como Bauxilum, con capacidad de producción anual de alúmina de 6 millones de toneladas y que solo produce actualmente 2,5 millones de toneladas y el país debe ahora acudir a las importaciones. O Sidor, con una capacidad de producción demostrada de 4 millones 300 mil toneladas al año, pero culmina el 2012 con 1,7 millones de toneladas de acero producidos, lo que es una cuota similar a la de 1.998 y la industria nacional que demanda acero debe recurrir a las importaciones Chinas. El mismo drama pasa por las empresas Alcasa o Venalum. 

Y si la pregunta va por saber si una empresa siderúrgica consume energía, hay que considerar que para producir una sola tonelada de acero se requieren aproximadamente unos 500 kWh, lo que totaliza una enorme cantidad de energía eléctrica que debe ser garantizada solo a la matriz productiva. La reducción en la producción de estas materias tendría sentido, si una parte de ellas fuera creada por reciclaje, pero no es así. Pasamos de ser un país autoabastecido e incluso exportador, a ser dependientes de la producción de China, importando en pago de deudas. Allí termina el cacareo de la tan mencionada soberanía.

Bajo este escenario de inestabilidad, es inútil pensar en el desarrollo a largo plazo de fuerzas productivas nacionales sin suficiente electricidad. Es fundamental diversificar las fuentes de generación de esta energía en Venezuela. Depender en un 70% de la generación hidroeléctrica, ubicada en un solo punto geográfico requiere de la transmisión hasta las industrias y ciudades más alejados del país, creando extensas redes eléctricas de unos 10.000 kilómetros de líneas distribución de alta potencia, las cuales, obviamente, necesitan un cuidadoso mantenimiento periódico, es decir, de dinero, que, como se ha visto, no sale del bolsillo de los usuarios, sale de la teta del petróleo, del déficit, del endeudamiento, en detrimento de un servicio mal administrado, justificando irresponsablemente las deficiencias al trabajo expedito de unas iguanas imperialistas.


El fracaso económico del "Socialismo" en Venezuela, entre sus tantas razones, ha sido por confundirlo con el Jipismo, con el manejo indiscriminado del criterio de "Producción a pérdida", una utopía producto de una ensalada mental solo sostenida en el tiempo por una renta petrolera. Cuando el socialismo se pervierte, al ser usado como una constante campaña electoralista, se crean subsidios insostenibles, generando niveles innecesarios de endeudamiento público.  

Un buen ejemplo de ese endeudamiento es precisamente el sector eléctrico, que genera, produce, distribuye y comercializa la electricidad con un déficit de 18 mil millones de bolívares (año 2010), con deudas por cobrar de 9 mil millones y de esos 9, 6 mil millones son deudas de los propios Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías. Así, sin pagar por los servicios, es muy fácil hablar de "Socialismo". Si el gobierno de turno se sincerara a sí mismo sería más creíble, pero su gestión no ha sido transparente y ahora necesita convencer a la ciudadanía de que es necesario un aumento en la tarifa, pero no explica que no es una medida suficiente.

Para que cualquier gobierno tenga un mínimo de autoridad y decencia moral en sus propuestas, debe enfocar la mayor parte de sus energías a lograr la misma racionalización en el funcionamiento del propio aparato estatal.  

Otra medida necesaria es organizar a las empresas eléctricas operativas. Ha sido un desastre la nacionalización de estas empresas porque siguen operando sin integrarse, con lo cual se genera, transmite y distribuye electricidad con grandes ineficiencias que deben ser pagadas por la empresa privada y por el ciudadano común con el deterioro de sus propios equipos eléctricos. O, por si no se ha hecho la suma aún, parte de lo que se ahorra en energía se gasta en reponer y reparar equipos eléctricos que se deterioran por la mala calidad del servicio.

Es prioritario que los encargados de la energía dejen la estupidez política en la poceta de sus casas y hablen con claridad sobre instalar una mayor cantidad de equipos para generar electricidad y que éstos sean fabricados en el país; que se diversifiquen las fuentes de energía y, por otro lado, educar en conciencia de ahorro en el consumo. Esto último pasa por cobrar a todos los usuarios por el servicio, sin excepción, y no que algunos paguen para que otros, desde el gobierno y sus mil ministerios, vivan de gratis. Para esto sí es útil una racionalización de las tarifas, para ajustar la noción de que los servicios no salen de la nada.

Las iguanas y los saboteadores del servicio eléctrico desaparecerán el día que la gente tenga la moral para reclamar por un servicio por el que paga, y que no sea visto como un favor ideológico y político que hace papá Estado. El aumento de las tarifas también sirve para reducir el consumo superfluo. Eso no es política neoliberal, es sentido común. Pero lo que no es aceptable, lo que es indignante y vergonzoso, es continuar con la administración irresponsable del excedente que sale del país a través de Cadivi, de la mano de las burguesías políticas corruptas; que ese dinero, de todos los venezolanos, se siga regalando a otros países, o que se use en subsidios improductivos, habiendo tantas necesidades nacionales para promover el verdadero crecimiento que se merece el país.
  


Si se paga el aumento, sin sanear la administración pública de los bienes, es porque no hay más remedio que seguirle la corriente al gobierno y su monopolio eléctrico, pero a sabiendas que ha sido un pésimo administrador que no ha dado señales de sensatez.